Gaza: tres años después de Plomo Fundido

Hace tres años, Israel lanzó la operación Plomo Fundido contra la Franja de Gaza provocando más de 1.400 víctimas. A pesar de que el Infome Goldstone consideró que se habían perpetrado crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Israel salió nuevamente indemne y ningún país occidental osó abrir una investigación para delimitar las pertinentes responsabilidades penales.

Coincidiendo con este aniversario recupero un extenso texto que publiqué en la serie Cuadernos Bakeaz bajo el título 'La crisis humanitaria en Gaza' a mediados de 2009 (que puede descargarse en versión PDF).  A continuación algunos de sus párrafos:

"El 27 de diciembre de 2008, Israel inició la operación Plomo Fundido que finalizó el 17 de enero del 2009, apenas unas horas antes de que Barack Obama asumiese la presidencia de EEUU. La ofensiva contra Gaza buscaba, en palabras del presidente israelí Simón Peres, “dar una lección” a Hamás que, a pesar del boicot internacional y del bloqueo económico israelí, había logrado conservar el control de la Franja de Gaza (Álvarez-Ossorio, 2009a). El ataque dejó tras de sí un reguero de muerte y destrucción, cebándose no sólo en objetivos militares (campos de entrenamiento, fábricas y almacenes de misiles), sino también civiles (mezquitas, universidades, ministerios, comisarías, escuelas, museos y fábricas de cemento e, incluso, de helados y refrescos).

La población civil fue la principal afectada por esta guerra, ya que no pudo huir o refugiarse en ningún lugar seguro, ya que la Franja estaba herméticamente cerrada. En los 22 días de esta asimétrica guerra murieron 13 israelíes (10 militares –cuatro de ellos por “fuego amigo”– y tres civiles) y 1.400 palestinos (el 80% civiles que no tomaban parte en las combates), incluidos más de 300 niños y 100 cadetes de la policía que participaban en su ceremonia de graduación. Unos 5.000 palestinos resultaron heridos, 4.000 viviendas fueron totalmente destruidas y 14.000 casas quedaron semiderruidas. Igualmente, 57 instalaciones de la UNRWA fueron atacadas, entre ellas su sede central donde el 15 de enero, unas horas antes del alto el fuego, fue destruido su mayor almacén de alimentos y medicamentos. A este recuento habría de sumarse el asesinato de 18 trabajadores de la agencia internacional. Israel, además, bombardeó zonas pobladas con armamentos que provocan una gran mortandad. El fósforo blanco, empleado el 15 de enero en el ataque contra la sede de la UNRWA, causa quemaduras graves al entrar en contacto con la piel, mientras que las bombas de racimo esparcen decenas de pequeñas bombas que no explotan, por lo que representan una amenaza similar a la de las minas antipersonales.

Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “El 75% de la población de Gaza se siente insegura por alguna de las siguientes razones: el conflicto israelí-palestino (42%), el control israelí sobre las fronteras (27%), que evita el movimiento de personas y mercancías, y las tensiones intrapalestinas. Cerca del 40% de las familias encuestadas tuvieron que desplazarse durante las operaciones militares. Aproximadamente, el 70% abandonó sus hogares debido a combates en sus propios barrios, un 15% los dejó porque fueron conminados a ello y un 13% porque sus casas sufrieron un daño grave o resultaron destruidas. De los desplazados, un 78% se instaló en casa de algún familiar, un 9% en casa de amigos, un 7% en establecimientos de la UNRWA y un 2% en edificios deshabitados. El 45% de las casas de la Franja de Gaza han denunciado haber sufrido daños durante las recientes operaciones militares” (UNDP, 2009: 6). Según UNICEF, un total de 840.000 niños palestinos se encontraban en condiciones de estrés y trauma extremos debido a los ataques, que “tienen un devastador efecto sobre los niños y su capacidad para acceder a servicios sanitarios de calidad” (UNICEF, 2009: 3).

Ante tales acontecimientos, Richard Falk, relator especial de NNUU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados, recordó la prohibición de bombardear zonas densamente pobladas y advirtió que las Convenciones de Ginebra obligaban a las fuerzas israelíes a distinguir entre objetivos militares y civiles y, “de no ser posible, entonces dichos ataques son ilegales y constituirían un crimen de guerra de gran envergadura según el Derecho Internacional” (Haaretz, 19-3-2009). Tras la ofensiva, Israel abrió una investigación militar que se cerró el 22 de abril y que, además de reconocer el empleo de fósforo blanco, libró de toda responsabilidad a las FDI al señalar que “no se ha encontrado ni un solo incidente en el cual un soldado israelí disparara intencionadamente a un civil palestino” (Yediot Ahronot, 24-4-2009). Dicho informe fue duramente criticado por las organizaciones humanitarias internacionales. Human Rights Watch señaló que dicha investigación “carecía de credibilidad y confirma la necesidad de una investigación internacional imparcial sobre las violaciones de las leyes de guerra perpetradas tanto por Israel como por Hamás” (HRW, 2009). Joe Stork, su responsable para Oriente Medio y el Norte de África, manifestó que “las conclusiones del informe israelí intentan encubrir las violaciones de las leyes de guerra por parte de las fuerzas israelíes en Gaza. Solamente una investigación imparcial servirá de reparación por los civiles que fueron asesinados ilegalmente” (Yediot Ahronot, 24-4-2009).

También Amnistía Internacional denunció la ofensiva sobre Gaza, al estimar que Israel y Hamás habrían perpetrado lo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional cataloga como crímenes de guerra y de lesa humanidad. La organización consideró que “dadas las denuncias de delitos contra el Derecho Internacional cometidos por miembros de las fuerzas armadas israelíes y de Hamás, es preciso establecer una misión de investigación independiente para llevar a cabo con prontitud un examen exhaustivo, imparcial e independiente de tales denuncias”. Ante dicha situación, Amnistía Internacional recordó una vez más que “todos los Estados tienen la obligación de iniciar investigaciones y, si hay indicios admisibles suficientes, enjuiciamientos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como por otros delitos de derecho internacional, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas” (AI, 2009: 25-26). Asimismo manifestó que “los presuntos autores de delitos de Derecho Internacional deben ser procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos si hay indicios admisibles suficientes” (AI, 2009: 5). Ante estas sospechas, las NNUU anunciaron la apertura de una investigación internacional –la Comisión Goldstone- sobre los ataques contra la población civil, iniciativa que no contó con el respaldo de EEUU ni tampoco de la UE y que fue boicoteada por Israel".