Condena a Siria

El pasado 14 de junio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un duro informe sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen sirio. Ante la negativa del régimen a permitir la entrada de observadores internacionales, el informe preliminar se basa esencialmente en los testimonios recogidos por activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y reportajes periodísticos.

El punto 4 hace un excelente resumen del comienzo de las protestas y de sus demandas: "Desde el 15 de marzo, miles de sirios han tomado parte en manifestaciones registradas a lo largo y ancho del país. En un primer momento, las reclamaciones se centraron en cuestiones como la corrupción, la discriminación, la libertad de expresión, la participación en los asuntos públicos y en la toma de decisionesy en la liberación de prisioneros políticos. Dada la reacción brutal de las autoridades sirias, las siguientes protestas no solamente demandaron diálogo y reformas en torno a estas reclamaciones, sino que además rechazaron las tácticas represivas adoptadas por las fuerzas de seguridad, reclamaron un mayor respeto por los derechos humanos fundamentales y las libertades generales y demandaron amplias reformas económicas, legales y políticas de manera urgente, en particular respecto al estado de emergencia vigente desde 1963 que permitía la suspensión de los derechos fundamentales y concedía poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad".
Además, el informe constata "el uso de munición real contra los civiles desarmados, includos el empleo de francotiradores desde las azoteas de edificios públicos y el despliegue de tanques en áreas densamente pobladas por civiles", lo que ha provocado una gran mortandad: 1.100 víctimas. También denuncia las detenciones arbitrarias a escala masiva de más de 10.000 personas, muchos de ellos defensores de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas, todo ello con el objeto de tratar de silenciar las críticas contra el régimen. Muchos de los detenidos han sido torturados, algunos de ellos hasta la muerte. En las ciudades asediadas se ha impedido la libertad de movimiento de la población, se ha restringido la distribución de alimentos y se ha impedido el acceso de sus habitantes a los servicios sanitarios.

Por todo ello, el Consejo de Derechos Humanos interpreta que una misión de Naciones Unidas debería investigar sobre el terreno la sistemática violación de derechos humanos y que los culpables sean juzgados por los crímenes que han cometido.

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